La realidad de la electrificación en España

En España, cada vez son más las personas que contribuyen a la movilidad sostenible adquiriendo un vehículo eléctrico como un patinete, una bici o incluso un coche eléctrico o hibrido enchufable. Esto se debe a la normativa Euro 7 que entrará en vigor en un futuro y pretende prohibir la venta de coches de combustión interna a partir de 2035. Esta normativa no es tan explícita, se podrán seguir comercializando ejemplares de este tipo, pero solo alimentados con combustibles sintéticos efuel, simplemente pretende acelerar el proceso de electrificación, renovar el parque automovilístico.

Las empresas invierten cada vez más dinero y recursos en mejorar la autonomía de los vehículos eléctrico, sin embargo, en España, aún hay varias barreras que dificultan el camino hacia una movilidad más ecológica y sostenible. Uno de los principales impedimentos que nos encontramos en España, es la falta de una red adecuada de puntos de recarga que faciliten los desplazamientos, pudiendo planificar la ruta y los distintos puntos de recarga a los que acudiremos durante nuestro viaje.

Los vehículos respetuosos con el medio ambiente ofrecen ventajas claras, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de los combustibles fósiles, así como la disminución de la contaminación acústica. No obstante, su precio elevado y la limitada autonomía son los principales obstáculos para su adquisición e implementación.

Otra principal causa de los conductores españoles para no pasarse al eléctrico, es el elevado precio que poseen. Según un informe presentado por el Observatori Desc, el modelo eléctrico más económico tiene un precio aproximado de 24.500 euros, que lo sitúa muy por encima de un vehículo de combustión interna. Estos elevados precios acaban llevando a muchas familias a optar por la compra de automóviles convencionales.

Entonces, ¿está España preparada para el coche eléctrico?

Debido a un proceso de electrificación que estaba previsto en España, se pretendía dotar a la región con un total de 45.000 puntos de recarga en 2022, pero la realidad fue diferente. Solo se lograron instalar 18.128 de ellos, y de esa cantidad, solo 7.801 se encuentran en carreteras, donde son especialmente necesarios para los viajes de larga distancia. Los restantes 10.327 se ubican en áreas urbanas.

En cuanto a los puntos de recarga en funcionamiento, solo el 21% de ellos tiene una potencia superior a 22 kW, necesaria para las llamadas «cargas rápidas». Es importante destacar que la mayoría de estos cargadores de alta potencia han sido instalados por las propias marcas a través de sus redes de concesionarios.

El gobierno español presentó en 2021 una propuesta que obligaba a ciertas gasolineras a incorporar al menos un punto de recarga para vehículos eléctricos. Sin embargo, las barreras administrativas están frenando la instalación de estos puntos, a pesar de la existencia de 40.000 solicitudes actualmente en manos de las administraciones públicas.

La hibridación como una posible solución

Ante esta situación, los vehículos híbridos enchufables (PHEV) se presentan como una alternativa prometedora. Lo realmente particular de estos modelos es su combinación de motores, combinando un motor de combustión y otro eléctrico, consiguen las características que ofrecen estos dos motores en un único modelo. «Esta combinación permite circular en modo eléctrico durante aproximadamente cincuenta kilómetros por cada carga», explica Manel Montero, director general de Grupo Moure, lo que convierte estos modelos en una opción perfecta para aquellos que no tengan que recorrer más de 50 km en su rutina.

«Lo que los hace aún más atractivos es que, una vez agotada la carga eléctrica, pueden seguir funcionando con el motor de combustión interna. En algunos casos, su precio sigue siendo considerablemente superior al de los coches de combustión, oscilando entre los 5.000 y 10.000 euros, dependiendo del modelo», concluye Manel.

Aunque los vehículos híbridos enchufables pueden ser una alternativa viable, aún se requiere una mayor inversión en infraestructuras y un impulso a las políticas gubernamentales para lograr una transición exitosa hacia una movilidad más sostenible en España.