El precio de los carburantes congela, por el momento, la subida del impuesto al diésel prevista por el Gobierto

Desde el 2018 el tema de la subida al impuesto que grava al diésel viene persiguiendo a estos motores y a los propietarios de estos vehículos, algo que ya sugirió el PSOE cuando todavía se encontraba en la oposición y que ahora, ya en el Gobierno, ha vuelto a resurgir en los últimos años con más fuerza pero que debido a las discrepancias son sus socios de gobierno todavía no se ha hecho realidad.

Cabe recordar que esta idea viene acompañada de una campaña para desprestigiar estos motores anteriormente tan alabados, precisamente ahora que con la tecnología actual son cada vez menos contaminantes y consumen también menos carburante que sus predecesores, pero que aun así ha supuesto debido a esta campaña una caída en picado en las ventas de vehículos diésel de entorno 50% respecto al 2015.

Con este medida que pretende aumentar el impuesto al diésel para equipararlo a la gasolina y acelerar el plan para reducir las emisiones del sector del transporten en 2050, desde el Ministerio de Transición Ecológica Teresa Ribera apuntaba en su momento que desde el primer año que entrara en vigor se conseguiría una recaudación de unos 600 millones euros, cifra que de manera progresiva iría aumentando hasta llegar a unos 2.140 millones de euros que el Gobierno pretende recaudar.

Pero los carburantes como todos sabemos no paran de subir, en parte debido a que el precio que nosotros vemos en la gasolinera depende tanto de la evolución del coste de barril de Brent y, en mayor medida, por los impuestos a los que son sometidos en España que en nuestro caso son el IVA y el IEH (Impuesto Especial de los Hidrocarburos). Con el panorama actual aumentar los impuestos al diésel supondría un varapalo importante a los propietarios de estos vehículos, pero sin duda todavía más a todos los transportistas que hacen un uso mayoritario de este combustible.

Debido a esto el Gobierno se plantea paralizar la subida al impuesto al diésel, al menos es de lo que se extrae de las palabras de la ministra Teresa Ribera: «En estos momentos, lo que estamos atendiendo es la necesidad de tener una visión de conjunto sobre la fiscalidad energética, que afecta a distintas disciplinas y a distintos consumos. Y es verdad también que en estos meses en los que hemos vivido un incremento muy notable de los precios de los combustibles fósiles por los mercados internacionales, es enormemente sensible el introducir un incremento adicional que perjudicaría a quienes más lo necesitan, a quienes necesitan más recursos».