EEUU demanda a FCA por el uso de un dispositivo fraudulento de emisiones
Si se confirma el uso de un software de emisiones fraudulento en sus vehículos diésel, FCA tendría que pagar más de 4 mil millones de euros.
El gobierno estadounidense, junto con la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU, han presentado una demanda al grupo automovilístico Fiat Chrysler al que se le acusa de utilizar un software de emisiones fraudulento en sus vehículos diésel. La denuncia ha sido presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el tribunal de Detroit.
Según la demanda, el grupo FCA colocó dispositivos de emisiones no regulados en sus vehículos diésel entre 2014 y 2016, que dieron lugar a niveles de óxido de nitrógeno y NOx por encima de lo permitido. Hay 104.000 vehículos implicados y los modelos que serán revisados son el Jeep Grand Cherokee y el Ram 1500.
Mientras que Volkswagen ha admitido su culpabilidad por el caso dieselgate y tiene una deuda de aproximadamente 22 billones de euros, Fiat-Chrysler niega las acusaciones. A través de un comunicado, la firma ha manifestado que «la compañía tiene la intención de defenderse contra cualquier afirmación de que se hayan instalado dispositivos fraudulentos en las pruebas de emisiones de Estados Unidos».
La demanda también implica a la empresa V.M. Motori, encargada del diseño de los motores de FCA. Cabe destacar que el fabricante de automóviles adquirió una participación del 50% de VM Motori en 2010 y el resto en octubre de 2013.
FCA ha declarado que está revisando la demanda y está trabajando con los reguladores de la Agencia de Protección Ambiental de California para aclarar cuestiones relacionadas con la tecnología de control de emisiones en los vehículos diésel de entre 2014 y 2016. La primera medida que se llevará a cabo será la actualización del software que incorporarán los próximos modelos.
Según la EPA, Fiat-Chrysler se enfrentaría a una sanción de 40.000 euros por vehículo manipulado, por lo que si se confirma el uso de estos dispositivos la marca tendría que pagar más de 4 mil millones de euros.
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